El panorama empresarial global experimenta una transformación profunda. El éxito ya no se mide exclusivamente por la rentabilidad financiera, la demanda de un impacto social y ambiental positivo es ahora un factor determinante para inversionistas, consumidores y el talento. En este contexto, México se encuentra analizando una figura jurídica clave: la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (Ley BIC).
Esta propuesta legislativa busca alinear el marco normativo del país con una economía más inclusiva, equitativa y regenerativa, reconociendo formalmente a las empresas que operan con un doble propósito
¿Qué son las sociedades BIC?
La figura de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) es un modelo legal diseñado para empresas que, además de generar utilidades, se comprometen estatutariamente a producir un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
Su función principal es crear un marco jurídico que permita a las empresas incorporar legalmente un propósito social o ambiental en su misión, sin que esto entre en conflicto con su deber fiduciario de generar ganancias para los accionistas.
Este modelo, conocido internacionalmente como Benefit Corporation, tuvo su origen en 2010 en el estado de Maryland, Estados Unidos, y desde entonces ha sido replicado en más de 50 jurisdicciones a nivel global, incluyendo países como Italia, España, Colombia y Perú.
El impulso de la Ley BIC en México
El pasado 16 de octubre de 2025, el Senado de la República fue sede de un foro para discutir la propuesta de incorporar esta figura en la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM). La iniciativa busca reconocer a las empresas que generan valor social y ambiental de manera explícita. Durante el foro, se destacó la necesidad de adaptar la legislación a las nuevas realidades del mercado.
¿Cómo operaría una empresa BIC en México?
La propuesta legislativa establece que una empresa puede nacer como BIC o transformarse en una. Este hecho no afectaría su estatus mercantil, permitiéndole operar, por ejemplo, como una S.A. de B.I.C. o una S.R.L. de B.I.C.
Para ello, las empresas deberían cumplir con características concretas:
- Inclusión del propósito: los estatutos sociales deben reflejar de manera obligatoria el compromiso con el beneficio e interés común, asegurando que el bienestar social y ambiental sea una prioridad de la compañía.
- Identificación de beneficiarios: se requerirá una definición clara de los beneficiarios directos de la actividad, que pueden incluir comunidades, trabajadores o el capital natural (ecosistemas).
- Ampliación de responsabilidad de administradores: los administradores y el consejo tendrán la responsabilidad legal de alinear su gestión con dicho propósito. Esto les blinda legalmente para tomar decisiones que prioricen el impacto, incluso si no maximizan la ganancia a corto plazo.
- Transparencia y rendición de cuentas: se establece la obligación de divulgar un reporte de impacto anual. Este informe deberá utilizar estándares reconocidos, nacionales o internacionales, para medir el cumplimiento de su misión social o ambiental. Se contempla además la figura de un comité supervisor que vigile el cumplimiento del propósito.
La importancia estratégica de la Ley BIC
La adopción de la Ley BIC proporciona un marco de transparencia fundamental para inversionistas de impacto, clientes y aliados estratégicos que buscan alinear su capital y sus relaciones comerciales con empresas verificablemente sostenibles.
Al formalizar el “doble propósito”, la legislación ofrece certeza jurídica a los administradores y blinda a la empresa de la presión exclusiva del rendimiento financiero.
